El Espectador 810 AM

El Dr. Joaquín Gamba, presidente de la Asociación de Defensores Públicos de Uruguay, encabezó la audiencia de la víspera en la que se presentaron las situaciones de abuso policial ante el Comité de Derechos Humanos de ONU.

Gamba señaló que se llegó a esta instancia tras la falta de respuesta de las instituciones del Estado uruguayo ante las situaciones que vienen denunciando desde hace tiempo.

En este sentido detalló algunas de las situaciones de abuso que enfrentan las personas en las primeras horas tras la detención: la falta de información sobre los derechos del detenido, la coacción para que admita responsabilidad en hechos delictivos y “tortura psicológica”. Asimismo dijo que la “única garantía que tiene el detenido es la lectura de sus derechos”, y que habitualmente simplemente se le hace firmar un acta sin darle más explicaciones. Toda persona detenida tiene que saber que tiene derecho a no declarar y a contar con un defensor público.

Con respecto a la actuación policial señaló que se están llevando adelante allanamientos “disfrazados de inspecciones oculares” y que las situaciones de abuso en los controles de identidad en la vía pública han crecido en los últimos meses. El presidente de ADEPU dijo que la solución a estas situaciones viene con las cámaras corporales que todos los policías deberían utilizar cuando están de servicio.

Gamba señaló que se están dando “hechos graves a los que no se les está prestando atención”, y agregó que “no hay voluntad política” a pesar que “venimos advirtiendo esta situación” en cada instancia presupuestal. En ese sentido puso el ejemplo de la aprobación de leyes que van mejorando derechos, pero no se cran los cargos necesarios para brindar la defensa.

Actualmente hay 280 defensores públicos en todo el país, a pesar del crecimiento de la población privada de libertad de los últimos años. Según Gamba serían necesarios por lo menos 120 cargos más, que implican un costo de 5 millones de dólares al año.