El Espectador 810 AM

Entre otros elementos, el informe destaca que los Estados, junto con grandes empresas, no han colaborado de manera acertada en la recuperación justa y las desigualdades se han ahondado a partir de la pandemia de Covid 19.

En el prólogo del capítulo Uruguay, firmado por la directora ejecutiva, Lucía Pérez Chabaneau, y la presidenta de la Junta Directiva, Claudia Serrón, se señala que en 2021 se evidenciaron desigualdades estructurales y donde los “mecanismos nefastos” que sostienen esas desigualdades quedaron expuestos con claridad.

Se destaca la crítica situación económica y social en 2021 y que Uruguay todavía no se ha podido recuperar de la crisis económica desatada por la epidemia del Covid.

Según el informe, las cifras de pobreza vienen mejorando, el salario real se vio afectado y la recuperación del empleo está siendo lenta. La contracción económica y la dirección de la política económica redundaron en una fuerte caída del salario real.

Otro elemento central del Informe es la deuda con el sistema penitenciario. El número de personas privadas de su libertad sigue creciendo a un ritmo acelerado. El país se mantiene primero en América del Sur y en el puesto 14 del mundo en cantidad de privados de libertad por cada cien mil habitantes.

Particularmente, en 2021 se observó un mayor incremento de la población femenina privada de libertad asociada a delitos de estupefacientes y hubo un aumento sustantivo de las muertes bajo custodia, sea por causas naturales o violentas.

Por otra parte, se señala que la pandemia ha expuesto problemas estructurales que enfrenta el país en torno a la salud mental. El aislamiento social motivó un intenso debate sobre las herramientas existentes, las que hacen falta y las perspectivas sobre las que debe abordarse esta problemática en Uruguay.

El país tiene una de las más altas tasas de suicidio del continente y, a pesar de que se mantuvo estable durante 2020, especialistas estiman un aumento de entre 18 % y 23 % para el primer semestre del 2021.